Finalizó, dicen que con éxito, la convención del Partido Popular. Los dirigentes del partido que tiene la mayor cuota de gobierno en España, y por la tanto la mayor responsabilidad, afirman que la convención ha sido útil y que han conseguido enviar un mensaje de confianza al conjunto de los ciudadanos.

Yo tengo mis dudas. Y no me refiero a los nubarrones que aparecen en el horizonte del PP en forma de disidencia interna cuando no de franca oposición a la forma de conducir la política que tiene el presidente Rajoy y su equipo. No, mis dudas se refieren a utilidad de la convención. ¿Ha sido útil para España o solamente útil para el propio partido? Porque las reuniones de los partidos políticos, convenciones, congresos u otras fórmulas, son necesarias y convenientes. Los partidos políticos, hoy lamentablemente muy desprestigiados, han de reunirse periódicamente para reflexionar, debatir y acordar propuestas que ayuden a resolver los problemas de la sociedad. Ese es el servicio que la política debe ofrecer a la gente.  Y me pregunto qué soluciones ha aportado la Convención a las complejas y serias crisis por las que atraviesa España.

De la reunión sobresalen tres mensajes: gracias al Gobierno, España está superando la crisis, provocada en buena medida por la herencia del partido socialista; el Partido Popular cumple con el programa electoral en temas clave como la ley del aborto; y con relación a Catalunya,  “no nos moverán”. Francamente, esperaba más altura de miras. Esperaba que, a pesar de haber echado las campanas al vuelo con los datos de la última EPA por los supuestos éxitos en la lucha contra el paro, mostraran preocupación con un panorama que esos mismos datos ponen encima de la mesa: en 2013 se ha producido el mayor incremento en contratos a tiempo parcial, a partir de 2012 hay un claro descenso de la población activa y, la guinda del pastel, ese descenso de los ocupados se ceba en nuestros jóvenes: más de 450.000 personas de entre 16 y 39 años han desaparecido de la estadística. Ni están ocupados, ni registrados como demandantes de empleo ni aparecen en las lista de parados. ¿Acaso no es este un problema de primerísima magnitud?

También es, a mi juicio, un problema grave, que puede enquistarse si no le ponemos remedio, la crisis institucional entre Catalunya y España. En lugar de hacer un esfuerzo para realizar un diagnóstico compartido, para comprender los problemas, reales, que han de ser solucionados, el mensaje es el inmovilismo. Cuando escucho al presidente del Gobierno expresar con vehemencia su oposición a los movimientos secesionistas, echo en falta al estadista capaz de gestionar el conflicto y asumir conscientemente que tenemos un problema, en Catalunya y en España. No basta, a mi juicio, con lanzar mensajes de fortaleza dirigidos a satisfacer a la propia parroquia. Eso puede dar algunos votos, en un momento políticamente difícil para el Partido Popular, pero no contribuye a construir soluciones. Creo que un presidente de Gobierno ha de pensar más en España, y en Catalunya, que en los objetivos partidarios del corto plazo. No pretendo de quien gobierna el país actitudes de flaqueza, no se me malinterprete. Lo que deseo son propuestas inteligentes de un hombre de Estado.

José Montilla