DIADA NACIONAL 2017

El lunes celebraremos el 11 de Septiembre, la Diada Nacional de Catalunya. La Diada no debería servir para tensionar la sociedad catalana con el objetivo de reforzar unas opciones políticas, sean qué sean. Tendría que servir para unir el pueblo de Catalunya alrededor de sus instituciones comunes. Que esto no sea así me preocupa y me causa tristeza.

Previamente, en el Parlamento, se están viviendo estos días una situación de vulneración flagrante de los procedimientos parlamentarios y de los derechos de los diputados y diputadas de la oposición nunca visto en la democracia en nuestro país, cómo han apuntado incluso los propios servicios jurídicos de la Cámara y el “Consell de Garanties Estatutàries”.

Quiero decir las cosas por su nombre: lo que está pasando en Catalunya es de una enorme gravedad. No tengo ninguna duda que nuestro autogobierno necesita dar pasos hacia adelante. No tengo tampoco ninguna duda de que la actuación del gobierno de España en los últimos años ha sido inadecuada y que en gran parte es responsable de la situación. Pero hacer las cosas así no nos lleva a ninguna solución, más bien lo contrario, hace que sea más difícil construirla.

Nuestro país vive, desde hace ya demasiado tiempo, pendiente de grandes palabras pronunciadas con pasión casi religiosa: «libertad», «derechos inalienables», «democracia». Una parte de la ciudadanía de Catalunya las pronuncia con pasión, con vehemencia. Otra con esperanza. Otros con un toque de intransigencia. Y muchos, con la reticencia de quienes saben que a menudo las grandes proclamas esconden la incapacidad de encontrar las soluciones más adecuadas a los problemas de nuestra sociedad.

Democracia, libertad, derechos, nación, urnas … son palabras que no se pueden convertir en armas arrojadizas de unos contra otros, como si sólo una parte de nuestra sociedad fuera demócrata, aspirara a la libertad o defendiera el ejercicio de nuestros derechos. Uno no es más demócrata por pronunciar con más vehemencia esta palabra. Uno no es más demócrata por hablar de urnas al margen de cualquier otra consideración: Las urnas, por sí solas, no son garantía de democracia ni de libertad. La democracia es un sistema complejo que depende, entre otras cosas, de un marco jurídico del cual nos hemos dotado democráticamente y de unas actitudes de respeto a las minorías y a los discrepantes que el propio marco jurídico garantiza.

¿Quién puede dudar de que vivimos en una sociedad democrática, en un Estado de Derecho, que ampara la libertad y los derechos de todos? Todo es mejorable y perfectible, pero negar la condición democrática y libre de nuestro Estado es un ejercicio insostenible racionalmente.

Hay muchas personas en Catalunya que saben cuán difícil ha sido conseguir un marco de libertad y de respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos. Por eso hemos podido construir una sociedad democrática. Y por eso, también, hemos podido traducir este marco de derechos y de libertades en un orden jurídico que, precisamente, lo protege. La libertad se protege con normas democráticas. Las instituciones son las garantes, precisamente, del respeto a estas normas democráticas.

Los gobiernos pasan. Las instituciones, permanecen. Las instituciones no son – no deben ser – efímeras, si queremos que representen la continuidad y la unidad de nuestra nación. Puede suceder que una parte muy importante de la sociedad catalana no las sienta como propias. Uno de los riesgos que corremos es, ahora, el de la desafección de una parte de la ciudadanía hacia nuestras instituciones y, a la vez, el de la división de la sociedad catalana.

La unidad civil del pueblo de Catalunya que se ha mantenido por encima de orígenes, lenguas y opciones políticas, puede romperse y afectar negativamente a la convivencia. Y ahora, precisamente, es cuando es más necesario un esfuerzo de concordia y de unidad.

Nos ha costado a todos mucho esfuerzo conseguir que el gobierno de Catalunya y su Parlamento fueran reconocidos por el conjunto de la sociedad catalana. Ha sido posible la alternancia y la configuración de mayorías y minorías, de proyectos políticos diferenciados pero unidos, en cualquier caso, en torno a la institución. Esto hoy está en peligro. Y más aún si las actividades institucionales, precisamente las que tienen mayor valor simbólico, se convierten en actos partidistas.

Lo reitero una vez más: Sólo seremos capaces de solucionar los problemas y las deficiencias del encaje de Catalunya en España (que existen) por la vía del diálogo, la negociación y el pacto. Sigo pensando que el fin no justifica los medios. En democracia, el respeto a las reglas de juego es fundamental. Y la práctica de la actual mayoría parlamentaria, especialmente estos últimos meses, es insólita en cualquier país de nuestro entorno.

Cuando nuestro gobierno afirma que está dispuesto a situarse fuera de la Ley, el mensaje que se envía a una parte muy importante de la ciudadanía es que no reconoce la autoridad política, legal ni moral de la institución.

No hay razones para actuar de este modo. El nuestro no es un autogobierno vacío ni Catalunya es una colonia de España que pueda justificar un derecho de secesión. Hay problemas, por supuesto. Pero también hay soluciones. Y son los gobiernos los responsables de encontrarlas, acordarlas y someterlas al escrutinio de los ciudadanos y las ciudadanas.

Esta debe ser, creo, nuestra exigencia a los gobiernos de Catalunya y de España y a los grupos políticos que los apoyan: trabajad no para hacer mayores los conflictos sino para encontrar solución a los problemas.

José Montilla

Barcelona, 7 de septiembre de 2017