DIADA NACIONAL 2018

7 de setembre de 2018

Una vez más, como símbolo de una tradición que nos tendría que hermanar y no dividir, los catalanes y las catalanas celebramos la Diada Nacional. Por encima del carácter festivo de esta fecha, la actividad política y los actos promovidos por el gobierno de nuestra Generalitat marcan de forma determinante su carácter.

Como he hecho a lo largo de los últimos años, quiero aprovechar la Diada para expresar mis reflexiones sobre la situación que vive el País, con el único propósito de contribuir modestamente a la recuperación de la concordia y a la difusión de un mensaje de esperanza: los problemas políticos e institucionales que atraviesa Cataluña tienen solución si aprendemos de los errores cometidos y si todos los actores tienen el coraje suficiente para reconocerlos. Juntos tenemos que corregir un camino que no nos lleva a ninguna solución y es preciso poner por encima de todo el interés de la mayoría de la sociedad catalana.

Prescindiendo de la retórica inflamada pero vacía de contenido, tan habitual estos días, tenemos que constatar que se han abierto dos ventanas de oportunidad:

Por un lado, la recuperación económica de Cataluña y del conjunto de España, con todas las cautelas y reservas, es un hecho. Nuestra economía ha superado en gran medida la gravísima sacudida de la recesión, a pesar de que todavía son muchas las correcciones necesarias en relación al modelo de crecimiento económico, a los niveles de desigualdad social y a la calidad del empleo. Hay aquí mucho trabajo por hacer y una buena parte de este trabajo lo debería hacer nuestro govern.

Por otro lado, el cambio de gobierno en España propicia un nuevo clima político que, con todas sus limitaciones, puede permitir – si nadie lo hace imposible – que el diálogo se abra paso y sustituya el lenguaje de la confrontación. Hoy hay, y no reconocer este hecho es absurdo, un gobierno de España que tiene una política para Cataluña, que ha de que permitir un mejor autogobierno mediante un acuerdo político sometido a la ratificación de los catalanes.

La sociedad catalana no puede desaprovechar estas dos ventanas de oportunidad. Y el gobierno de la Generalitat tendría que actuar en consecuencia y trabajar para construir un consenso catalán que nos ayudara a todos a salir del camino sin salida en el que estamos instalados.

Junto a estos dos aspectos positivos, no puedo dejar de constatar el deterioro de la vida política e institucional que estamos viviendo.

La celebración de la Diada  Nacional, precisamente, debería servir para poner énfasis en todo aquello que es común y nos hace fuertes. Desgraciadamente la Diada se ha convertido en una pieza más de una estrategia de incremento de la tensión política que no contribuye a una solución viable y compartida. Quiero referirme, especialmente, a los actos institucionales que, creo, resultan afectados por esta dinámica.

Las instituciones son los instrumentos para el ejercicio de la política, para representar a la ciudadanía y para hacer posible el autogobierno. Son de todos. Los gobiernos, que responden a una mayoría parlamentaria, administran y dirigen estas instituciones. Pero más allá del legítimo propósito de cumplir con un determinado programa de gobierno, deben proteger el carácter plural de las instituciones.

Un acto institucional no se puede convertir en una arenga, salvo que sus promotores estén dispuestos a que las instituciones dejen de ser de todos. Los actos institucionales no pueden ser actos de parte. Quienes lo están propiciando no son lo suficiente conscientes de los efectos letales de este comportamiento: cómo he apuntado en alguna otra ocasión, una parte muy importante de la sociedad catalana puede no sentirlas como propias. En efecto, uno de los riesgos que corremos es el de la desafección y no reconocimiento de una parte de la ciudadanía hacia nuestras instituciones de autogobierno.

Igualmente, los gobiernos tienen que proteger los espacios y los servicios públicos como espacios de convivencia para el conjunto plural y diverso que conforma todo país. La polémica sobre los lazos amarillos en calles, plazas y dependencias públicas pone de manifiesto que lo que está encima de la mesa no es la libertad de expresión, totalmente garantizada en nuestra vida democrática, sino la convivencia. Sin querer ser alarmista, insisto que hoy es este el principal valor a proteger. Es imprescindible evitar conductas que agraven este riesgo. Y quienes tienen la primera obligación son, sin duda, los gobernantes. También los dirigentes políticos y sociales. Y, en general, todos los ciudadanos y las ciudadanas que queremos vivir en una sociedad cohesionada.

No puedo dejar de considerar y lamentar la situación de los dirigentes independentistas que permanecen en prisión provisional a la espera de juicio. Soy consciente de la gravedad de este hecho y de cómo afecta a la situación política. Pero quiero alertar del error de pretender condicionar la decisión de jueces y fiscales en un sistema democrático en el que, como en nuestro caso, la justicia no está subordinada a ningún otro poder del Estado. La mejor manera de contribuir a resolver la situación de los dirigentes presos es tender hacia una normalización de la situación política e institucional catalana. Generar más ambiente de tensión sobre su juicio no contribuye a mejorar su situación, salvo que lo que se quiera sea utilizarlos como elemento de esta estrategia de mantenimiento del conflicto.

El camino de las soluciones no es ni fácil ni corto. Quién piense en soluciones fáciles, sencillamente se equivoca. Los impacientes hacen un muy mal servicio en el país. Los que tienen prisa para llegar a Ítaca prometida, cueste lo que cueste, confunden el deseo con la realidad. No es con apelaciones a sacrificios patrióticos como esta realidad desaparece como por hechizo.

Y los que tienen prisa por resolver el conflicto como sea y que siguen creyendo que no hay más problema de fondo que el respeto a la legalidad, también se equivocan. Ni unos ni otros nos ayudan.

Hago, de nuevo, un llamamiento a la contención y al esfuerzo de diálogo y negociación. Que nos ha de permitir llegar a acuerdos para reforzar el autogobierno, mejorar la cohesión del país y asegurar un futuro de progreso.

Cataluña se lo merece.

José Montilla

11 de septiembre de 2018