DECLARACIÓN EN DEFENSA DEL FUTURO DE LA LLLENGUA CATALANA

En el mundo hay unas 6.800 lenguas repartidas entre unos 220 estados. La gran mayoría de estados son plurilingües. España también lo es. El catalán es una de las lenguas importantes que forman esta diversidad y riqueza lingüísticas y es una lengua hablada por más de nueve millones de personas entre Catalunya, el País Valenciano, las Islas Baleares, la Franja (Aragón), la ciudad de Alghero (en la isla de Cerdeña), las comarcas históricas de Francia, conocidas como Cataluña Norte, el Carche (Murcia) y el Principado de Andorra: un amplio dominio, establecido científicamente y reconocido internacionalmente. Históricamente ha recibido diversas denominaciones, como también ocurre hoy (catalán, valenciano, …) como expresión de la riqueza de sus variedades y modalidades, que configuran un gran patrimonio expresivo, léxico e histórico, con el que se han hecho y se han creado grandes obras literarias y culturales que forman parte de la cultura europea y universal. Sin embargo el hecho de que la comunidad lingüística catalana se extienda por cuatro estados y, además por varias administraciones subestatales, conlleva que la lengua tenga una gran diversidad de estatus jurídicos y que los derechos juridicolingüístics de las personas catalanohablantes varíen según el ámbito territorial .

La lengua catalana, como todas las lenguas, es un elemento único para la transmisión de la cultura y el saber, definidor de la identidad personal y colectiva y aglutinador de comunidades humanas, que más allá de vicisitudes y realidades políticas, hay que reconocer como patrimonio histórico pero a la vez vivo y con continuidad de futuro y que hay que fomentar como garantía de cohesión social y de igualdad de oportunidades. Por ello, ante la diversidad de administraciones y de marcos normativos en los que la lengua catalana es una realidad social y cultural, siempre tomando como base el respeto a su pluralidad institucional y territorial, pero también la realidad del principio de unidad de la lengua, establecida y reconocida científicamente e internacionalmente, los senadores y senadoras socialistas firmantes manifiestan.

1. Que la lengua catalana, como el resto de lenguas oficiales y propias de España, forma parte no sólo del valor patrimonial, cultural, lingüístico y social del conjunto de la sociedad española, sino que también es activo de futuro como fuente de oportunidades individuales en un mundo globalizado. Los gobiernos y las instituciones deben ser los primeros garantes de la riqueza de un país. El patrimonio lingüístico forma parte de esta riqueza.

2. Que la aprobación de las modificaciones legislativas impulsadas por los actuales gobiernos balear y aragonés del PP supondría un detrimento del estatus de la lengua, los derechos lingüísticos de las personas catalanohablantes y de la normalización de la lengua en la enseñanza, la comunicación y el uso social tanto en los territorios respectivos como al conjunto del dominio lingüístico.

3. Que las iniciativas legislativas de los actuales gobiernos balear y aragonés del PP no se ajustan ni a la Declaración universal de los derechos lingüísticos, que fue aprobada por unanimidad en el Congreso, ni los estatutos de autonomía de ambas Comunidades.

4. Que hay que denunciar el uso de las denominaciones de la lengua catalana impropias, que contravienen los principios científicos y académicos y que cuestionan la realidad cultural de la unidad de la lengua.

5. Que hay que continuar impulsando acuerdos entre instituciones, entidades y asociaciones de los territorios que tienen la lengua catalana como parte de su patrimonio cultural, para colaborar en su conocimiento, estudio, fomento y aprendizaje.

6. Que le piden al Gobierno de España que actúe de acuerdo con lo establecido en el mandato constitucional de especial respeto y protección a todas las lenguas de España, y por tanto que adopte las medidas correspondientes para el reconocimiento de la unidad de la lengua catalana.

7. Que presentarán en el próximo período de sesiones, en su toma de consideración, un proyecto de ley sobre el reconocimiento y el fomento de las lenguas de España de acuerdo con el artículo 3 de la Constitución.