De nuevo, con el propósito de convertir la publicación de este informe en un modesto referente de la política social en nuestro país, la Fundación Campalans presenta EL INFORME SOCIAL 2015, que en esta ocasión hemos titulado: “Adversidad social y desigualdades: diagnosis y alternativas”.

El contenido de este informe es un retrato. No es el único retrato posible ni tampoco, por descontado, un compendio de todos los aspectos que definen la situación social y económica de nuestro país. Pero es, sin duda, una explicación documentada, solvente, de las cicatrices que dejan en nuestra sociedad esta prolongada crisis económica.

Un relato que quiere ser, como lo fueron los informes precedentes, un toque de alerta. Estamos ante un progresivo aumento de las desigualdades sociales que no podemos considerar simplemente como coyuntural o cíclico, sino que tiene características estructurales que no podemos menospreciar. Y estamos ante, también, de las consecuencias de una equivocada política económica que, lejos de contribuir a resolver el problema, la empeora.

Después de años de vernos sometidos a esta letal política económica europea denominada «austeridad expansiva», que más que una teoría económica es una creencia a la que se pretende que nos adhiramos por fe y no por argumentos empíricos que certifiquen su bondad, tenemos que seguir levantando la voz para decir que no, que así no vamos a ninguna parte. Tenemos que seguir diciendo que el hecho de mejorar algunas magnitudes macroeconómicas no es suficiente para decir que hemos superado la crisis. Que de ninguna manera podemos aceptar como solución satisfactoria una supuesta salida de la crisis que deja en la cuneta a miles de ciudadanos, empobrece literalmente el conjunto del país y provoca heridas de fondo que costarán mucho de curar.

Hoy sabemos, sin que haya ninguna duda, que España es casi el país con más inequidad de rentas de entre los que conforman la Unión Europea. De entre los 27 países miembros, sólo Rumania da indicadores peores. Los diversos informes y análisis publicados por la OCDE y los datos suministrados por Eurostat ponen de manifiesto que actualmente nuestro país se sitúa en el segundo lugar del ranking de la desigualdad europea.

No tenemos, todavía, instrumentos suficientemente desarrollados para conocer y comprender a fondo las características de nuestra desigualdad social, su evolución, sus causas y su comportamiento en relación al resto de países de nuestro entorno. Son frecuentes las advertencias de analistas y estudiosos de la materia sobre la falta de sistemas de información sobre la desigualdad en España en general -y en Catalunya en particular- que faciliten la observación de los datos anuales, con una mayor perspectiva de la evolución de las diferencias de renta durante las últimas décadas.

Sin embargo, constatamos que esta mala posición de nuestro país en materia de desigualdad ya se daba, aunque no tan acusada, antes de la actual crisis. En efecto, a principios del año 2000 sólo 6 países de la Unión disponían de indicadores de desigualdad mayores: Bulgaria, Letonia , Portugal, Grecia , Lituania y Rumanía.

En los últimos cuarenta años, España ha avanzado mucho en relación a los diferenciales macroeconómicos con los países europeos. Ciertamente, en términos de renta per cápita y otros datos agregados, hemos reducido distancias. Pero, a pesar del innegable crecimiento del gasto social en educación, servicios sociales y sanidad y el correspondiente aumento de los ingresos fiscales para financiarla, las mejoras en la redistribución de la renta no han sido tan evidentes. Hemos mejorado, sí, pero no de forma suficientemente consistente como para cambiar una tendencia que ahora, después de la crisis, amenaza cronificación.

Algunos analistas nos advierten, en este sentido, que durante la larga etapa de bonanza económica, en los que la tasa de desempleo alcanzó el nivel más bajo de las últimas décadas, los indicadores de desigualdad no experimentaron una mejora bastante sustancial. Con la crisis y las políticas impuestas por la doctrina de la austeridad a cualquier precio, estos indicadores de desigualdad han experimentado un incremento intenso y muy rápido. Las rentas más bajas han caído dramáticamente y el peso de las rentas medias en relación al conjunto ha bajado de forma muy clara, mientras que, en cambio, las rentas más altas no han visto deteriorarse significativamente su poder de compra.

Esto empeora, pues, el panorama. Dada su gravedad, los problemas de desigualdad en España y el riesgo y las consecuencias de su eventual cronificación, deben ocupar el primer lugar de las prioridades de la política. De la política social, naturalmente. Pero también de la política económica.
Hay que tener presente, en este sentido, la advertencia del propio FMI, que sostiene que la desigualdad frena el progreso social, provoca inestabilidad política y económica y crea incertidumbres que limitan la inversión. Y las conocidas opiniones de economistas de prestigio como Stiglitz o Acemoglu: el crecimiento de las desigualdades puede producir ineficiencias en el funcionamiento de la economía y la fragmentación social acaba generando conflictos crecientes, con una progresiva erosión de la calidad de las instituciones y del propio sistema democrático.

Los que nos proponemos la política como un instrumento para trabajar en favor de la justicia social, es decir, los que hacemos política partiendo de la convicción de que todo hombre y toda mujer, por el simple hecho de existir, es igual en derechos y obligaciones, tenemos la obligación de reflexionar sobre las causas de este aumento de las desigualdades. Las causas inmediatas y, también, las que puedan ser más de fondo, que apelan no sólo a un cambio de ciclo económico, sino también a la urgencia de determinar una agenda de reformas estructurales.

Una agenda valiente en la que la reflexión sobre la política fiscal; la cartera de servicios públicos; las propuestas de renta básica; el papel del sector público en la inversión y especialmente en la ciencia y en la innovación; la cuestión migratoria; las políticas de familia; la mejora de la capacitación, la formación y la empleabilidad de nuestros jóvenes; y muy especialmente la recuperación del ideal europeo; deben tener un papel relevante.

Desgraciadamente hoy, especialmente en Catalunya, la preocupación del Gobierno y de sus líderes políticos está en otro terreno.

Deseo que el esfuerzo de confección de este informe ayude a poner de relieve estas cuestiones y, tal vez, consiga situarlas en el lugar de la agenda pública que corresponde.

Quiero agradecer, finalmente, el esfuerzo de todas las personas que han hecho posible este INFORME 2015. A los autores y autoras de los textos, al equipo de la Fundación Campalans y, muy especialmente a Eva Granados, por su trabajo de impulso, coordinación y dirección.

Pueden leer el informe accediendo a la web de la Fundació Rafael Campalans