Hace algunos meses, la Agencia Tributaria era noticia por una dimisión destacada de alguno de sus altos directivos. De junio a diciembre, casi 30 dimisiones o ceses, especialmente en el área de Inspección. Más allá de las especulaciones que se pueden hacer sobre los motivos y las causas de esas dimisiones, el hecho ha sido el detonante para que  ayer se produjera un debate en el Senado sobre el funcionamiento del órgano que se ocupa de recaudar la mayor parte de nuestros impuestos. No es un debate menor, a las puertas de una reforma fiscal anunciada por el gobierno y de una reforma de la financiación de las CCAA que es urgente, que debe aplicarse con efectos de  1 de enero de 2014 y que no se puede abordar seriamente sin acordar, primero, esta reforma fiscal .

 España necesita una reforma fiscal. Me parece que, a estas alturas, nadie lo  puede poner en duda. No se trata, simplemente, de subir o bajar impuestos. Es el conjunto del sistema el que debe ser revisado. Es cierto que en España – y en Cataluña – tenemos los tipos impositivos en IRPF o en Sociedades, por ejemplo – por encima de la media europea. El gobierno del Partido Popular ha subido, en manifiesta contradicción con su programa electoral, algunos de estos impuestos (el incremento del IVA cultural es probablemente el ejemplo más evidente ). Hasta ahora, el gobierno ha adoptado estas medidas empujado por la necesidad de obtener recursos adicionales con los que hacer frente a un determinado objetivo de déficit. Pero es una evidencia, reconocida por el propio gobierno, que la suma de estas medidas no ha permitido resolver los problemas fiscales de España que son, en mi opinión, tres : un gran desequilibrio entre la aportación de las rentas del trabajo en relación a las rentas del capital, un creciente peso de la economía sumergida ( Funcas lo sitúa entre el 20,2 % y el 23.7 % del PIB ) y un porcentaje de fraude fiscal que pone en duda la justicia del conjunto del sistema. Estos tres problemas provocan un hecho relevante : España es una de las economías europeas con una presión fiscal efectiva más baja en relación al PIB. En la Eurozona, sólo Irlanda muestra una recaudación menor. En el conjunto de la UE, sólo Rumania , Letonia , Lituania y Bulgaria están por detrás .

La reforma fiscal que necesitamos debe priorizar, en primer lugar , la lucha contra el fraude y la economía sumergida con medidas que, más allá de la retórica, garanticen la penalización del evasor y un incremento de la recaudación. Y por eso hace falta una mejor administración tributaria dotada de instrumentos legales para perseguir con eficacia la elusión fiscal.

En segundo lugar, esta reforma fiscal debe basarse en un aumento de la recaudación que no repercuta en las rentas medias, que son las que soportan, hoy , la mayor carga fiscal. Necesitamos un mayor esfuerzo para que las diversas fuentes de renta tengan una tributación equitativa. Debemos equiparar la tributación de las rentas de capital con las rentas del trabajo, reformar el impuesto de sociedades, que en la actualidad penaliza más las pequeñas y medianas empresas que las grandes corporaciones y establecer efectivamente un impuesto sobre la actividad bancaria mientras  no se establezca con carácter general en Europa. Asimismo, no podemos olvidar que la política fiscal no se puede diseñar  a  espaldas del necesario cambio de política económica : estimular el crecimiento, aumentar la capacidad adquisitiva de nuestro mercado interior, generar empleo y facilitar la recuperación de la actividad productiva .

Para desarrollar esta política fiscal debemos rediseñar la Agencia Tributaria. No se trata de poner en duda su profesionalidad y competencia, que creo acreditada y fuera de discusión. Pero sí de garantizar su independencia. La Agencia Tributaria no puede ser, simplemente, un organismo del  Ministerio de Hacienda. Debe ser un órgano independiente, con una estructura de personal más profesionalizada y estable. Con un director que provenga de una elección parlamentaria. Con más medios , personales , técnicos y reglamentarios. El número de efectivos de nuestra agencia está muy por debajo de la media de la OCDE y de países como Francia o Alemania. La agencia debe disponer de más recursos para la lucha contra el fraude y el blanqueo y orientarlos más adecuadamente. El fraude se concentra en los grandes contribuyentes a los que la agencia sólo dedica una pequeña parte de sus recursos (el 20% ).

Por otra parte, la nueva agencia tributaria debería organizarse reconociendo el espacio autonómico. Las CCAA deben aumentar sus responsabilidades en materia de ingresos, su co- responsabilidad fiscal. Por eso tiene toda la lógica incrementar la colaboración con las agencias tributarias autonómicas, desarrollando los consorcios previstos en algunos Estatutos, como el de Cataluña. Hoy esta posibilidad es vista con mucho recelo. Me parece un error y estoy seguro de que la realidad se acabará imponiendo.

José Montilla